jueves, 22 de abril de 2010

Radicalización

Pablo Ospina Peralta

La verdad es que todavía no entiendo muy bien el conjunto de cambios ocurridos en las últimas semanas en el rumbo y la política de la revolución ciudadana. Según entiendo, los dirigentes gubernamentales han hecho una evaluación colectiva de los tres años anteriores y de las proyecciones para la nueva etapa, con sus ejes prioritarios. Todos ellos, en principio, se enmarcan en lo que anunció el presidente Rafael Correa al ganar las elecciones hace un año y que ratificó el día de ayer en la posesión de los nuevos ministros: la “radicalización” de la revolución ciudadana. ¿Qué es eso exactamente?

(http://4.bp.blogspot.com)

El conjunto de acciones recientes no deja claro (al menos para mí) el rumbo de la “radicalización”. Los cambios de ministros son bastante ambivalentes. Gracias a Dios, María de los Ángeles Duarte dejará de hacer daño en el MIES, pero al parecer ahora lo hará en Transportes. Salió Raúl Vallejo de Educación pero queda su subsecretaria, con lo que el rumbo y el sentido de la revolución en la educación será más (o menos) de lo mismo. Erika Silva, que no pertenece al mundo del arte, cercana al Partido Socialista, accede al Ministerio de Cultura justo cuando el partido se distancia (¿parcialmente?) del gobierno. La lógica de varios de los cambios podría ser ante todo la eficiencia administrativa, antes que la reorientación política: parece el caso del Ministerio de Finanzas y de Recursos no Renovables. El desgaste político parece algo importante en Salud y en la Secretaría del Agua.

Mientras tanto, el alejamiento de las organizaciones populares históricas parece cada vez más claro. La distancia de FENOCIN por la ley de aguas, la acerca momentáneamente a la CONAIE y las marchas prefiguran un escenario conflictivo, porque en esta “papa caliente” la opción del gobierno parece ser enemistarse lo menos posible con los grandes poderes fácticos, camaroneros, Nebot y otros del estilo. Sin agua, la masiva redistribución de tierras “improductivas” anunciada por el Ministerio de Agricultura, de dos millones de hectáreas, será un fiasco porque no habrá forma de volverlas “productivas”.

La dignidad y el honor del Fiscal General han quedado a salvo. Pero el costo político de la operación de recuperación de sus credenciales de honradez pública, amenazan ser muy altos. Si Pamela Falconí, asambleísta de País que apoyaba inicialmente el juicio, anuncia que su voto final por el archivo del juicio responde a la “postura del partido”, cuando el discurso oficial fue “atenerse a las pruebas”, deja muy mal parado al gobierno y su partido, al menos para quienes siguen con alguna atención la política. Por supuesto, el golpe al prestigio es más fuerte contra la Asamblea Nacional que contra el gobierno, porque ya cargaba con el peso de su falta de autonomía.

Al final me queda una sensación salobre. Parecen radicalizarse algunas de las peores tendencias previas.

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