La fiscalización en el limbo

Guillermo Bustos

Con un aire de respiro, algunos legisladores de Alianza País anuncian que el juicio político en contra del fiscal general Washington Pesántez, luego de la votación efectuada en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pasó a un limbo jurídico. Según esta interpretación no habrá juicio ni archivo del caso. Esta situación se desprende aparentemente de una combinación sui géneris de factores: no se contó con el número suficiente de votos y no cabe la aplicación del voto dirimente por parte de Silvia Salgado, presidenta de dicha comisión.

La apelación a la tesis del limbo jurídico representa una de esas salidas convenientes en la que supuestamente nadie carga con la responsabilidad política directa de lo sucedido. Compitiendo con el tipo de malabarismo oportunista que caracterizaba a la vieja política, aquella que había sido presuntamente enterrada con el cambio de nombre de Congreso por Asamblea Nacional, la mayoría de los diputados de Alianza País envían la señal inequívoca de que si están abocados a escoger entre las responsabilidades que la carta fundamental establece para sus cargos y la obediencia a lo que Carondelet dispone, no queda duda de cuál es la lealtad que prevalece. Como se sabe, el Presidente de la República ha desestimado las pruebas que meticulosamente recogieron los cuatro asambleistas interpelantes -que mantienen todavía incólume la plataforma de lucha en favor de la ética- y, bajo el deleznable argumento de que el fiscal general es objeto de una persecución política, le brinda un tipo de respaldo hasta ahora incomprensible.

El juicio político al fiscal Pesántez se ha convertido, en lo que va del actual régimen, en el más importante test de medición de cuál es el nivel de la independencia de las funciones del Estado; y en el indicador más visible de la ausencia de voluntad política para fiscalizar e investigar, en este caso, a un alto funcionario. Las pruebas presentadas por los interpelantes componen una interpelación ética a la gestión del fiscal general, con serias presunciones sobre el incumplimiento de sus funciones. La intervención del fiscal en la comisión no solo rehuyó responder a las cuestiones de fondo sino que deslizó insinuaciones incriminatorias en contra de los interpelantes que no se compadecen con un aspecto esencial del cargo que ostenta.

Se llama limbo al borde de una cosa y según una acepción de la tradición cristiana, este nombre también designa el lugar donde moran las almas de quienes murieron sin recibir el sacramento del bautismo, o de aquellos que son detenidos en espera de que ocurra la salvación final. Si bien el limbo está asociado más a la esperanza de la redención, se dice que está emplazado en la periferia del infierno. Por más que el presidente Correa lance la invitación de que se olvide el juicio al fiscal Pesántez, bajo la promesa de que la revolución ciudadana está más allá de todo aquello que este espinoso caso sugiere, el hecho es que la mayoría de asambleistas de Alianza País ha puesto muy penosamente la credibilidad de su agenda ética en el limbo de su proyecto ideológico, muy próximo (o quizá ya confundido) con el infierno de las prácticas de la vieja política.