11 de septiembre de 1973 en Chile y sus espectros en el Ecuador

Lizardo Herrera

El 29 junio de 1973, el camarógrafo de argentino-sueco, Leonardo Henrichsen muere en las calles de Santiago de Chile. Henrichsen se encontraba filmando la asonada golpista conocida como el “Tancazo” en contra del presidente Salvador Allende. Para su mala fortuna, mientras su cámara enfocaba a un grupo de militares rebeldes, uno de ellos, el cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez, le disparó de frente y a quemaropa. Inmediatamente, vemos como la cámara se desestabiliza y Henrichsen cae al suelo filmando su propia muerte.

¿Por qué hablar ahora de Henrichsen? ¿Qué sentido tiene su muerte en el Ecuador del octubre del 2010? En Chile, el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) construyó su plataforma de gobierno a partir de la idea de una revolución socialista por la vía pacífica y democrática. Este ideal tuvo gran acogida entre los sectores pobres, quienes se movilizaron para elegir y apoyar el gobierno del Presidente Allende.

(antropologiavisual.cl)

El magnífico documental del director chileno, Patricio Guzmán, La batalla de Chile, nos narra en tres partes y desde la perspectiva de lo que denomina la lucha de un pueblo sin armas los eventos que desembocarían en la dictadura del General Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 y en la muerte del presidente Allende. Guzmán nos muestra, en la primera parte, cómo la derecha chilena poco a poco fue creando las condiciones para el golpe de Estado; en la segunda, se observa cómo se llevó a cabo este golpe y, en la tercera, constatamos cómo los sectores populares y el sindicalismo, quienes con una organización masiva sin precedentes –“el pueblo sin armas”-, rompían las diferentes formas de bloqueo político-económico y luchaban para defender al gobierno de la Unidad Popular al que consideraban como suyo.

El presidente actual del Ecuador, Rafael Correa, al igual que Allende construyó su plataforma política desde la oferta de una revolución pacífica y en las urnas y también goza de una alta popularidad. Pero a diferencia del gobierno de la Unidad Popular, primero, no está forzado a confrotar el obstruccionismo permanente e irracional de una mayoría parlamentaria, la cual para 1973 promovía abiertamente la intervención de los militares para destituir a Allende. Segundo, Correa tiene un conflicto permanente con los sindicatos y los movimientos sociales e imprime a su gobierno un tinte altamente tecnocrático que lo diferencia del de la Unidad Popular.

Sin embargo, ambos gobiernos coinciden en la creación de un ambiente de extrema polarización en donde como bien lo afirma mi amigo Esteban Ponce cada vez estamos más abocados a tomar partido por una opción para rechazar la otra perdiendo los matices tan necesarios para conservar una postura realmente crítica y progresista. Es decir, de poco nos sumergimos en un juego perverso en donde criticar la una pocisión significa alinearse con la otra. En el caso de Chile, esta polarización radical, a pesar de mi enorme simpatía con el gobierno y la figura de Allende, llevó al país al borde de la guerra civil en donde el campo político se dividía en dos frentes irreconciliables: o se estaba con lo que la derecha reaccionaria descalificaba como “comunistas asquerosos” o se tomaba partido por lo que la izquierda tildaba de “momio criminal”. Poco a poco se fue perdiendo la posibilidad de tender puentes entre los diferentes grupos y se asistía a una lucha de clases sin cuartel en donde el otro era definido como el enemigo. Esta polarización, como era de esperarse, por la desventaja tanto en el Congreso como en las Fuerzas Amadas desembocó en la victoria de la derecha irracional con la consecuente implatación de una dictadura a la que no le cabe otro adjetivo que el de criminal, la cual se encargó de barrer con la admirable organización popular que sostenía a Allende en el gobierno –aunque la organización popular en su gran mayoría no era armada cabe aclarar como bien lo muestra Guzmán que facciones del partido Socialista y el MIR promovían la entrega de armas al pueblo o la resistencia armada y este discurso radical fue uno de los justificativos que buscaba y utilizó el golpismo para imponer el terror.

En las circunstancias actuales del Ecuador, es evidente que el gobierno de Correa ha tocado abiertamente los intereses de grupos de poder que estaban desde hace mucho tiempo enquistados en el Estado y que usufructuaban inmoralmente de éste último. La reacción de estos grupos como era de espererarse ha sido furibunda expandiendo una serie de mentiras y temores con el fin de desestabilizar al gobierno. Sin embargo, a mi entender, Correa también ha reaccionado de mala manera, especialmente, reificando la figura del “técnico” para silenciar a quienes no piensan como él. Por eso, su frase recurrente: “Confíen en nosotros porque sabemos lo que hacemos, estamos muy bien preparados”. Como en el Ecuador, la gran mayoría no somos técnicos no nos quedaría otro camino que confiar en el presidente. Además, el discurso de Correa también contribuye a la polarización muchas veces innecesaria porque no se dirige exclusivamente en contra de los conspiradores, sino que intenta sentar un principio de autoridad que descalifica al otro por medio de múltiples insultos e impide que los diversos -el Ecuador es ante todo una nación diversa- nos sumemos a un proyecto que nos concierne a todos. Apelar a la confianza, recurrir a un lenguaje intolerante e impedir una participación efectiva de los diferentes sectores de la población, desde mi punto de vista, no es una posición democrática.

Sin embargo, no traje a la memoria la imagen de Leonardo Henrichsen para atacar al gobierno, sino para aportar un poco de más racionalidad al debate político ecuatoriano. En Chile, tras la asonada fracasada de “El Tancazo”, la derecha irracional immediatamente salió a vociferar que no había existido ningún intento de golpe de Estado, que todo se trataba de una mañosería del gobierno de turno, de un auto-golpe, para lograr un golpe de efecto en la opinión pública. En el país, la oposición ha tomado el mismo giro hipócrita y dice lo mismo de los desafortunados sucesos del 30 de septiembre.

Más allá de que la “rebelión policial”, a la que por allí le han puesto el nombre de “El Chapazo”, haya sido planificada o no –personalmente me inclino a creer que sí-, es un absurdo no considerar que en esa insubordinación la vida del presidente estuvo en peligro y que éste estuvo retenido en contra de su voluntad en el Hospital de la Policía. Por eso, defender ahora a los amotinados como personas que reivindicaban únicamente sus intereses gremiales significa ocultar malintencionadamente el verdadero problema. Tampoco podemos dejar de considerar que en este caso la rebelión se trata de una de carácter armado y cuando los militares o los policías se levantan en armas siempre habrá el riesgo de que alguien se tome ilegítimamente el poder por la fuerza. Asimismo, resulta que ahora la oposición derechista en el Ecuador, al igual que la chilena del 73, contradictoriamente defiende lo que su ideología critica: una demanda gremial. El discurso neoliberal se opone abiertamente al déficit fiscal y, por ende, a cualquier reinvindicación salarial en el sector público porque ésta va en contra de la austeridad fiscal –algo similar sucedió en Chile con el paro de la mina de El Teniente o de los camioneros.

Sin embargo, lo peor de todo, es que ahora aparecen los demagógos de siempre que dicen defender los derechos humanos de los policías. Es cierto, que hay que defender los derechos de nuestros policías con decisión, valentía y frontalidad, porque la vida de cada uno de ellos es importante; pero esto no significa que ellos tengan carta blanca para atentar contra los derechos humanos de otras personas por más criminales que éstas fueren. Los derechos humanos son universales y no selectivos. En este caso, la selectividad más bien es un indicio de que se desea recurrir a formas no menos criminales de violencia como lo hizo Pinochet para acabar con lo que el dictador y su bando calificaron como “comunistas asquerosos” o “la nefasta influencia del marxismo”.

Si la derecha y la oposición se quejan de la intolerancia de Correa, les propongo en cambio que contribuyan con un gesto de buena voluntad para recuperar la cordura: dejen de buscar la quinta pata, condenen abiertamente lo sucedido el 30 de septiembre y colaboren para sancionar a los insurrectos. Cualquier persona que cree en la democracia está en la obligación de condenar de manera enérgica todo tipo de insurreción en la fuerza pública porque allí participa una fuerza armada que saca ventaja ilegítimamente de las armas públicas en contra de un sector de la población que se encuentra desarmado. Si reclamamos más racionalidad por parte del gobierno, no caigamos en la irracionalidad de justificar lo injustificable porque la democracia se contradice abiertamente con cualquier tipo de rebelión en las Fuerzas Armadas o la Policía por más justas que éstas pudieran ser.

¿Intento de golpe o motín policial?

Pablo Ospina Peralta[1]

Quito, 7 de octubre de 2010

Al día siguiente de los acontecimientos en una larga entrevista a la televisión pública, Rafael Correa expuso con claridad meridiana la tesis oficial: el problema salarial que públicamente adujeron los policías amotinados para justificar su insubordinación fue una vulgar excusa. Hubo un intento de golpe de estado urdido por conspiradores ligados al Partido Sociedad Patriótica del ex – presidente Lucio Gutiérrez, y, al fallar el designio de sublevar a las Fuerzas Armadas, optaron por el “plan B”, matar al Presidente de la República. El descontento por los cambios en el régimen de remuneraciones de la policía no podía ser la causa del alzamiento porque la Ley de Servicio Público, aunque eliminaba las bonificaciones por condecoraciones y ascensos, aumentaba los salarios totales al incluir el pago por horas extra. Sobre todo, recalcaba el Presidente, el apoyo gubernamental a la institución habría sido inmenso: sensible aumento de los salarios entre 2007 y 2010, mejora en el equipo operativo, inversiones en la infraestructura física. Por eso, dados sus titánicos esfuerzos públicos pronto olvidados, se sintió hondamente traicionado[2].

La tesis del motín, por el contrario, afirma que no hubo intento de golpe. Jamás se hizo ninguna proclama golpista y prácticamente todos los altos oficiales policiales buscaron el apaciguamiento. El secuestro o retención del Presidente de la República, el peligro que corrió su vida y la violencia de los sucesos ligados al rescate de la noche del jueves, se explican por el caldeamiento de los ánimos conforme se fueron encadenando acontecimientos improvisados provocados por la furia del momento. El aspecto decisivo de ese desencadenamiento de la violencia y del plagio que puso en riesgo la estabilidad institucional del país, habría sido la imprudente actuación del Presidente en las primeras horas de la mañana cuando acudió personalmente al Regimiento Quito No. 1 con el fin de resolver el problema. Allí terminó perdiendo la compostura y desafiando abiertamente a los sublevados: “Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está: mátenme. Si les da la gana, mátenme, si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos (...). Si quieren tomarse los cuarteles, (...) si quieren traicionar su deber (...), si quieren destruir la patria, destrúyanla, (...) [yo no daré] ni un paso atrás”. Esta intervención caldeó los ánimos y desencadenó la secuencia de acontecimientos que llevó a convertir el motín gremial en un secuestro que pudo costarle la vida[3].

¿Qué pensar de estas interpretaciones contradictorias? La información es, por supuesto, fragmentaria, secreta, impermeable al escrutinio detallado. Ofrecemos aquí una especulación verosímil y provisional, basados en la información fragmentaria de la que disponemos.

Tesis alternativa

El primer hecho a tomar en cuenta es que en las primeras horas de la mañana, la huelga policial no fue un hecho aislado en un batallón determinado. Fue un acto masivo que dejó sin policía a todo el país. De la información disponible, solo en las ciudades de Cuenca y Esmeraldas, la tropa de la policía regresó al trabajo luego de conversaciones con sus superiores. Esto indica que, si hubo conspiración, había también un respaldo masivo a la “excusa” salarial o gremial. ¿Cómo explica el oficialismo este apoyo masivo? Básicamente por la desinformación de los agitadores, las mentiras repetidas y el aprovechamiento de que los policías no habían leído detalladamente la ley y no conocían los beneficios que les aportaba. En una palabra, el engaño.

Esta explicación “intelectualista” no es satisfactoria. Supone que un hecho muy poco frecuente en la historia ecuatoriana, una huelga nacional de policías (la última data del año 1980), puede deberse a agitadores que engañan a masas dócilmente manejables. La verdad es que la agitación solo surte efecto donde el ambiente es receptivo. No solo eso, dos altos oficiales, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día jueves, y el Comandante en Jefe de la Policía, cuando renunciaba el día viernes, en actos insólitos, pidieron públicamente la revisión de la medida. ¿Ellos tampoco la habían leído? ¿Nadie sabe leer? El oficialismo reconoce que la Ley elimina las bonificaciones por condecoraciones[4] y ascensos pero dice que se las compensará con horas extra. La diferencia práctica es que el beneficio actualmente existente se retira y se cambia el criterio de asignación de la bonificación adicional: en lugar del “mérito” en acción, el tiempo de trabajo. El impacto “identitario” del cambio para la policía parece ser tan importante, al menos, como el puramente pecuniario.

El tema había sido debatido en la Asamblea Nacional durante el tratamiento de la ley presentada por el ejecutivo. Luego de intensas discusiones, la Asamblea aceptó la negociación: incluyó la excepción para las Fuerzas Armadas y la Policía, de manera que pudieran seguir percibiendo este tipo de bonificaciones. El Presidente vetó esta excepción en la ley: no aceptó la negociación de la Asamblea porque no le parecía lógica. En la entrevista concedida a Ecuador TV, mencionada antes, Rafael Correa explicó que si aceptaban esas diferencias, todas las otras instituciones del sector público tenían derecho a sus propias excepciones, y si lo policías querían mantener estas bonificaciones, entonces debería volverse enteramente al sistema antiguo y recibir el monto de su antiguo y reducido salario. Todo o nada.

La misma actitud ha sido mantenida por el ejecutivo en otras leyes, donde ha desconocido acuerdos parlamentarios o sociales previos y sus vetos restituyen las propuestas originales del gobierno central. El caso más reciente y parecido es el de la Ley de Educación Superior, en el cual la negociación previa entre los rectores y la Asamblea fue enteramente desconocida por el Presidente con el argumento de que en la votación final faltó el prometido apoyo de la oposición. Estas discrepancias alcanzan a los diputados del propio partido gobierno y es lo que, como dijo el Presidente, lo llevó a considerar seriamente la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones para lo que queda del período de gobierno. Este mecanismo, previsto en la Constitución de 2008, fue descartado luego de la crisis.

La tesis más radical de la conspiración, que supone la existencia de una masa de policías ignorantes y dócilmente manipulados, carece de toda seriedad. Es insostenible. Es evidente que, internamente, el gobierno debe hacer otro análisis. Voceros del propio gobierno han dado a entender que, más allá de los discursos públicos del Presidente, reconocen que existe un malestar policial más profundo que podría estar en la base del problema. En efecto, Alexis Mera, jefe del equipo jurídico de la Presidencia y personaje prominente durante la crisis, lo expresó muy bien en una entrevista ofrecida a Diario El Comercio:

Los informes que tenemos es que sí se la hace [Gustavo Jalk, ministro del interior, que sí explica a los policías los beneficios de la ley]. Pero parece que hay gente infiltrada que está haciendo una propaganda en contra. No son solo los Gutiérrez (...). La Policía tiene ciertas estructuras complicadas que han estado vinculadas a gastos reservados del Departamento de Estado norteamericano. Eso se cortó. Hace más de dos años ya tuvimos incidentes cuando llegó la Embajadora, entró a la Policía y se llevó unas computadoras como si fuera su casa. Hay gente que ya no tiene esos beneficios y que está resentida. Si esa gente quiere que el Gobierno americano siga manejando la Policía, está equivocada (...). Hay planes de entregar la Policía de Migración a otra entidad; entregar la de Tránsito a los municipios, entonces hay funcionarios que creen que son espacios de poder y que pueden afectarlos (...). Hay oficiales y personal inconformes con las decisiones del Gobierno: la Comisión de la Verdad, la investigación de los abusos de la Policía en los últimos 25 años.

El secretario jurídico se refiere a cambios institucionales operados en los últimos años, a los que habría que añadir la supresión de la autonomía de los servicios de inteligencia, la realización de varios juicios por abusos policiales en la lucha contra la delincuencia y la supresión de los cobros por la participación en los concursos para el ingreso de nuevos reclutas[5].

En suma, el cambio salarial ocurrió en un marco de una profunda intranquilidad por el avance de las reformas dentro de la policía. Ese es el caldo de cultivo de la agitación interna de los sectores más reaccionarios de la oficialidad y la tropa. Grupos que no necesariamente son seguidores de Lucio Gutiérrez pero que fácilmente pueden coaligarse con él. Simplificando las cosas, la política global del gobierno con la policía puede interpretarse como un intento de compensar los apoyos que se pierden por el proceso de restructuración interna con importantes concesiones salariales, de equipamiento y de dotación de infraestructura. Pero la compra de la lealtad no es tan duradera y estable como la lealtad verdadera.

Podemos formular sintéticamente la hipótesis: el trabajo de los agitadores y conspiradores de la derecha militar y policial que existen desde el inicio del gobierno (y que seguirán existiendo después) tiene una creciente influencia en la policía porque está extendido el descontento y la intranquilidad de los grupos de oficiales “duros”, provocados por las reformas institucionales en curso. Ese caldo de cultivo, claramente reaccionario, se encontró con un descontento más amplio, el de una parte de la tropa que buscaba mantener un beneficio particularmente valorado: en su comprensión de las cosas, los beneficios adicionales no tenían por qué significar el sacrificio de los beneficios existentes. El gobierno, al no saber oír o negociar el tema secundario de la bonificación, brindó la ocasión para la influencia de los grupos duros y de los conspiradores. El desafío personal lanzado por el Presidente de la República en la mañana del jueves en el Regimiento Quito, empeoró la situación. Evidentemente no la provocó. Sin el ambiente previo, es difícil pensar que su error hubiera tenido las terribles consecuencias que sufrimos.

En efecto, la publicación de las comunicaciones radiales de los sublevados presentadas por la prensa el día 5 de octubre no dejan lugar a dudas: varios de los implicados estuvieron dispuestos en los momentos más tensos de la refriega de la noche, a matar al Presidente. Pero tampoco había una voz de mando unificada: los uniformados improvisaban. Queda claro también que Rafael Correa estuvo efectivamente secuestrado: no estaban dispuestos a dejarlo salir a menos que firmara el compromiso de la amnistía y de la revisión de la ley. El Presidente se negó terminantemente. Resulta también evidente que hubo varios personajes ligados a Lucio Gutiérrez en los hechos: en el Regimiento Quito y en el ataque a la televisión pública. Pero, como dice Alexis Mera, no son solo los gutierristas.

Es plausible suponer que la influencia de este grupo, si existe, es mayor en el ejército[6], que no plegó al paro[7]. La razón probablemente estriba en que las transformaciones institucionales son menores en las Fuerzas Armadas que en la policía. Se han perdido privilegios similares a los que perdieron todas las otras dependencias públicas en cuanto a comisariatos exclusivos, clubes para descanso familiar y servicios médicos. Pero se han mantenido otras importantes: empresas, estructuras de mando y controles operativos. Los beneficios por condecoraciones pueden imaginarse menores a los de la policía en la medida en que hay menos combates y por lo tanto el impacto salarial (y sobre todo moral – identitario) de la ley de servicio público pudo ser menor. Sobre todo, las políticas desarrollistas clásicas del gobierno, que recuperan el papel del Estado en la economía y lo revaloran como conductor de un proyecto de engrandecimiento y fortalecimiento patriótico, puede tener más oídos receptivos en la oficialidad del ejército y las fuerzas armadas que en la policía.

Las reacciones

Incluso si las demandas contra la Ley de Servicio Público pueden considerase justas, la combinación con el rechazo a la reforma policial y la agitación gutierrista hacen de éste un motín reaccionario. Las organizaciones populares y progresistas solo podían repudiarlo y combatirlo. Pero no fue así. Aunque la movilización social en defensa del gobierno fue rápida e importante, fue también bastante modesta: nunca hubo ríos de gente en la calle. No obstante, todas las encuestas muestran que hubo un masivo repudio a la posibilidad del golpe, a la retención del Presidente y a la actitud de la policía que dejó desguarnecidas las ciudades. El repudio fue mucho más grande entre los sectores populares que simpatizan masivamente con el gobierno. Pero no es un apoyo organizado, capaz de movilizarse a tiempo y con dirección. Depende de la reacción espontánea de la gente. Es posible especular que hubo mucho margen para que el apoyo en la calle creciera si la situación se agravaba y perduraba.

Sobre todo, el motín policial inicial contra la ley de servicio público, encontró eco en horas de la mañana en sindicatos públicos descontentos por una norma que, además del problema salarial de los policías, conculcaba derechos laborales. Los intentos sindicales de conversar se habían estrellado, como de costumbre, contra la negativa del gobierno a negociar los términos de los cambios. Estos grupos sindicales descontentos que esperaban inicialmente apoyar (y apoyarse) en la demanda policial, rápidamente se retiraron cuando, en horas de la tarde, el proceso estaba desbordado. Jamás saldrían a la calle a defender al gobierno. Hubo también grupos aislados de estudiantes descontentos por el trámite de la Ley de Educación Superior, donde el gobierno mantuvo una actitud igualmente inflexible, que salieron a apoyar a la policía, pero desaparecieron luego del mediodía. Tampoco los maestros organizados rechazaron el secuestro, reflejando la dureza del conflicto que los aleja del gobierno incluso se apoyan el proyecto de Ley de Educación General, actualmente en trámite. Entre las organizaciones indígenas resultó difícil la negociación interna sobre la posición a adoptar debido a los constantes conflictos y las humillaciones que han recibido de parte del Presidente y los ahora sistemáticos intentos de debilitarlas por parte del gobierno. Al mediodía, la organización decidió repudiar el golpe no sin dejar de reafirmar sus diferencias con el gobierno[8]. No estaba en condiciones, por lo tanto, de hacer ninguna movilización contra el motín. Las organizaciones rurales más cercanas al gobierno, como la FENOCIN o la CNC, repudiaron el golpe pero no se movilizaron. En síntesis, entre las organizaciones populares importantes, los golpes pasados y reiterados del gobierno han sido demasiado frecuentes como para salir a la calle en su defensa. Es la cosecha de una política gubernamental sistemática de alejamiento, intolerancia, desprecio e incluso persecución a las organizaciones populares.

El resultado es que la defensa más efectiva e inmediata contra la desestabilización resultó estar en las fuerzas armadas y en la respuesta internacional. Esta vez el peligro quedó momentáneamente conjurado pero la falta de diálogo y el empecinamiento gubernamental, no con los grupos de conspiradores reaccionarios, sino con cualquier fuerza progresista y organizada, que podrían movilizarse en su defensa, le sustrae aliados que más temprano que tarde le serán indispensables. Así como se puede valorar el aplomo presidencial en los momentos más tensos de la crisis, es un grave error mantener la misma actitud con todos en toda circunstancia despreciando la negociación política con organizaciones sociales. Se acumulan y suman peligrosamente los descontentos sectoriales: en la política agraria, indígena, laboral, universitaria, entre otros. No impiden que la popularidad del Presidente se mantenga alta, pero le enajenan aliados activos y políticamente definidos. Vencer las resistencias encontradas (y las que se seguirán encontrando) para las reformas más necesarias, requieren que se dialogue y se negocie con quienes pueden apoyar no solamente por beneficios particulares sino por convicción histórica. El empecinamiento en el enfrentamiento con los grupos organizados y activos de los sectores progresistas le puede resultar muy caro en el próximo enfrentamiento con los grupos más reaccionarios.

¿Golpe o motín?

Uno de los argumentos del Presidente de la República contra la tesis del simple motín es que se trataba de una nimiedad secundaria y casi ridícula. ¿Justificaba eso el secuestro o incluso la simple retención contra su voluntad del primer mandatario? La hipótesis de este análisis es que se trato de algo más ‘que una demanda puramente salarial. Un asunto salarial, pero también identitario, se mezcló con un descontento corporativo más amplio en una institución demasiado “complicada” (para usar la expresión de Alexis Mera) que está siendo afectada en sus feudos y sus intereses. Fue un motín reaccionario con implicaciones que desbordaban lo puramente pecuniario. Las condiciones para un golpe de estado no están dadas, pero siempre existen quienes trabajan para crearlas. En los momentos más intensos de la batalla campal personal de Correa con los insubordinados pudo ocurrir, si no el golpe, que se mostraba, por decir lo menos, muy mal preparado, sí la muerte del Presidente que parece no menos grave. Una “sucesión institucional” hubiera seguido a su muerte junto a la rápida disgregación de un movimiento político mortalmente dependiente de su figura.

Visto en una perspectiva más general, ¿salió fortalecido el gobierno? Es difícil saberlo. Hubo un repudio generalizado a la actitud policial y los sondeos muestran un aumento de la popularidad del gobierno. Pero en el mediano plazo, la negativa a considerar las demandas sectoriales o a construir frentes basados en el diálogo entre grupos con planteamientos afines, erosiona la base social potencial del Movimiento PAIS y puede llevar a la agregación paulatina de los crecientes agravios particulares. Además, la solución específica del “problema policial” se presenta muy difícil: ¿Por dónde pasar la tijera que separe las concesiones de la mano firme? Sea como sea, allí, en la policía, no podrá encontrar aliados firmes. El gobierno necesita entender que no podrá hacer los cambios solo. Tiene que decidirse a escoger aliados en lugar de abrir frentes a izquierda y derecha. Una vez que los escoja, si son en verdad aliados, debe negociar las políticas con ellos. Sin construir acuerdos y cambiar la prepotencia por el diálogo, las facturas del conflicto y la incertidumbre de sus resultados seguramente se agravarán en los próximos tiempos.

BREVE CRONOLOGIA DE LOS ACONTECIMIENTOS EN QUITO[9]

07h30 Aproximadamente 500 miembros de la Policía se tomaron el Regimiento Quito 1, central de la Policía en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Los policías señalaban que su acción era en reclamando por que la Ley Orgánica de Servicio Públicos aprobada en la noche anterior por la Asamblea Nacional, supuestamente les recortaba beneficios económicos.

09h00 Sectores de las Fuerzas Armadas realizan acciones de apoyo a la medida de los miembros de la Policía en las calles de Quito.

09h40 El presidente, Ec. Rafael Correa, acude al Regimiento Quito 1 con la finalidad de tener un encuentro con los policías insubordinados, sin embargo no se logra ningún diálogo y es agredido, teniendo que ser trasladado en hombros al Hospital de la Policía, contiguo al Regimiento, debido a una reciente operación en su rodilla derecha en la cual se le realizó un implante. Es atendido médicamente, sin embargo una vez recuperado se le informa que no se le permitirá salir del Hospital hasta que no se Derogue la Ley de Servicio Público.

10h05 Policías y Militares se toman la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, impidiendo salidas y llegadas de vuelos nacionales e internacionales.

10h24 Se habla ya de un Secuestro al Primer Mandatario del Ecuador por parte de algunos miembros de la Policía Nacional.

11h00 Ecuador se queda desprotegido. Bancos, tiendas, centros comerciales y otros cierran y se declara la suspensión de clases hasta nueva orden. El caos inicia en la ciudad.

11h30 Inician las primeras manifestaciones a favor del Mandatario Correa en diversos lugares de la Capital del país.

12h30 En declaración telefónica el Presidente Rafael Correa habla de un intento de Golpe de Estado y acusa al ex presidente del Ecuador y ex General del Ejército Lucio Gutiérrez de estar tras la insubordinación policial y denuncia que hay policías violentos que intentan ingresar en la habitación del hospital en donde se encuentra recluido.

13h00 Se inicia una movilización ciudadana hacia los exteriores del Hospital de la Policía Nacional donde se encuentra secuestrado el Presidente, con el objetivo de rescatarlo. Acuden ciudadanos desarmados, miembros del Gabinete presidencial, autoridades del Estado, servidores públicos, etc. Inicia una brutal represión policial con bombas lacrimógenas a la población civil que intenta durante horas llegar hasta las puertas del Hospital.

13h30 Secretario Jurídico de la Presidencia de la República pide en rueda de prensa que las Fuerzas Armadas tome el control de la situación y de la seguridad del Primer Mandatario.

13h50 Se decreta Estado de Excepción en todo el territorio ecuatoriano por un lapso de 5 días.

14h30 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en rueda de prensa, exhortaron a la Policía Nacional a deponer la actitud de ciertos elementos de la Policía y de las FFAA, llamándolos a la cordura y a resolver los conflictos mediante el diálogo[10].

17h30 La cúpula Militar y el Ministro de Defensa llegan al Aeropuerto de Quito para dialogar con la tropa militar. A las 19h40 se abre definitivamente las actividades del Aeropuerto.

21h00 Se inició un operativo con 700 miembros de las Fuerzas Armadas que ingresaron al Hospital de la Policía para sacar al Presidente de la República, en medio de fuego cruzado que terminó con la vida de un miembro de un grupo especial de la Policía que resguardaba el vehículo en el cual estaba siendo trasladado el Mandatario.

Otros: Ante la ausencia de fuerza pública en las calles del país, se registran decenas de robos, saqueos y otros hechos delincuenciales que dejan como saldo pérdidas por miles de dólares.

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[1] Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política. Agradezco los comentarios de Eduardo Gudynas, Sofía Ortega, Marc Saint –Upéry y Xavier Guachamín a una versión preliminar de este texto.

[2] Entrevista concedida en la televisión pública, Ecuador TV, a Xavier Lasso, 1 de octubre de 2010.

[3] Los más radicales llegan a decir que ni siquiera hubo secuestro porque el Presidente mantuvo comunicación con sus allegados, con el resto del mundo, y conservó su guardia personal. Esto olvida, sin embargo, que los amotinados afirmaron muchas veces, como recuerda la prensa, que no dejarían salir al Presidente a menos que firmara un compromiso.

[4] Se trata de reconocimientos por acciones en combate o actos de valor en cumplimiento del deber.

[5] Hace meses la gratuidad de la presentación de carpetas provocó que el número de aspirantes de los sectores populares para ingresar a la policía desbordara todas las expectativas y se produjeran tumultos y serios problemas de tránsito por la muchedumbre en varios destacamentos. Destaco también la importancia del control de la policía de tránsito por la importancia del cobro de multas, matrículas de vehículos, etc.

[6] Del ejército, en efecto, proviene la mayor parte de la dirigencia de Sociedad Patriótica.

[7] Entre los militares se registraron tres incidentes, de lo que se conoce: la toma del aeropuerto de Quito, de Latacunga y un conato de conflicto en el Ministerio de Defensa. Un hecho llamativo, sin embargo, es que el apoyo del Comando Conjunto al gobierno constitucional ocurrió varias horas luego de los incidentes en el Regimiento de policía, lo que podría implicar una actitud al menos condescendiente.

[8] Un nuevo comunicado de la CONAIE, fechado el 6 de octubre, retoma el discurso previo de algunos dirigentes de Pachakutik, señalando que rechazan al gobierno, así como rechazarían un golpe pero que en realidad no hubo ni intento de golpe ni secuestro. Esto revela las fuertes contradicciones internas existentes dentro de la más grande de las organizaciones populares del Ecuador.

[9] Preparado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH.

[10] De manera más específica, señalaron que las FFAA son una institución subordinada a la autoridad legalmente constituida, pero también dijeron que quieren que se reforme la ley. Una periodista le preguntó si estaba condicionando su ayuda, la respuesta fue que no, pero volvió a insistir en el cambio de la ley

La libertad de expresión y las armas

Lizardo Herrera

El jueves 30 de septiembre por la noche leí el editorial “¿Hubo golpe de Estado?” en el blog de Martín Pallares, quien argumentaba que en ese día no hubo intentona golpista en el Ecuador. Según él, no había sido designado un sucesor para reemplazar a Correa siendo esto una prueba suficiente de que los policías sublevados no quisieron derrocarlo. Además, argumentaba que el presidente nunca dejó de gobernar ya que fue el mismo quien firmó la declaratoria de Estado de excepción. Para Pallares, la insurrección fue exclusivamente una demanda gremial (salarial), a la cual condena como deplorable e injustificable, que se salió de cauce debido a la impulsibidad o prepotencia de Correa. También se queja de que con el pretexto del Estado de excepción –con la consiguiente cadena de televisón obligatoria- y la manipulación por parte del gobierno de la tesis de un supuesto golpe, el mandatario pudo controlar a su entera discreción los medios de comunicación cumpliendo así sus “sueños totalitarios”.

Lo primero que me pregunté fue si este tipo de comentarios nacen de la ingenuidad. Luego, recordé una escena de la película Malcom X de Spike Lee, en donde, la madre de Malcom reclama a la agencia de seguros el pago de la poliza tras la muerte de su esposo. El agente de la compañía le responde que de acuerdo con el parte policial se trató de un suicidio y que en el contrato muy claramente se expresa que en caso de suicidio no corresponde pago alguno. La madre cuestiona cómo es posible que un hombre se suicide con tres golpe de martillo en la nuca y luego se autoamarre a la rieles del ferrocarril para que un tren lo pase por encima. Yo, al igual que la madre, también me preguntó si la tesis de Pallares -la de la oposición- no es un argumento que busca la quinta pata al gato con el fin de justificar lo injustificable tal como sucede con el parte policial en la gran película de Spike Lee.

Desde mi punto de vista, comentarios como el de Pallares son análisis unilaterales que resposabilizan al mismo Correa de la crisis, sin analizar a profundidad el comportamiento de los alzados ni el rol de la armas en los eventos del 30 de septiembre en Quito. Este autor apenas utiliza dos adjetivos para condenar la insubordinación y luego se refiere superficialmente a la detención del presidente para cuestionar la tesis del secuestro a Correa. En resumen, el texto lanza todos sus dardos en contra del presidente y me da la impresión de que la condena a los insurrectos funcionaría más bien como una máscara detrás de la que se esconde un sentimiento de simpatía con aquéllo que pretende calificar como deplorable e injustificable.

Desde mi punto de vista, la insurrección armada de hace unos días no es exclusivamente una protesta salarial ni una reivindicación gremial ni una reacción ante la imprudencia o prepotencia del presidente (aunque todos estos elementos evidentemente existen). Les propongo analizar cómo se generaron los levantamientos para ver que nada fue espontáneo. Resulta que el levantamiento en el Regimiento Quito coincide con los de la escolta en la Asamblea legislativa. Luego, se unen muy rápidamente los militares en el aéropuerto de Quito y en La Recoleta, después tenemos los hechos lamentables en Guayaquil y otras regiones del país. Para complicar las cosas, en la tarde, los asambleístas de oposición proponen una amnistía para los sublevados sin contar con los elementos de juicio necesarios para lanzar semejante moción. Esta moción se asemeja más a un acto de complicidad –como el parte policial en la muerte del padre de Malcom- cuya finalidad se dirige a evitar una investigación profunda del levantamiento. Y si de todos modos fuera cierto que la revuelta policial no fue planificada ni tenía afanes de desestabilización –aunque tantas evidencias demuestran lo contrario- cuando la fuerza pública se insobordina debido al control que tienen de las armas ya de por sí hay un riesgo de que alguien se tome el poder político por la fuerza así no haya ni una cabeza visible ni un plan maestro que la organice.

Aunque no simpatizo con los medios estatales tal como funcionan en el Ecuador, el 30 de septiembre había los suficientes causales para declarar una estado de excepción y esto no se originó de un abuso de poder tal como nos lo quiere hacer entender Pallares o la oposición. Primero, la vida del presidente claramente estaba en peligro. Segundo, a diferencia de los levantamientos anteriores en el 1997, 2000 y 2005, los sublevados no eran población civil desarmada, sino un grupo que no dudó en utilizar las armas en contra de las autoridades civiles y, peor aún, de la población civil que empezaba a manifestarse. En ese grupo, había desadaptados que llamaban a una guerra civil rondando en las motocicletas por los cuarteles tal como se ve en unas imágenes que aparecieron del Regimiento Quito.

Por tanto, es un absurdo concederles los mismos derechos a quienes sacan ventaja de las armas públicas para beneficio personal, es decir, los insurrectos no tenían el mismo derecho para expresarse en los medios ni tampoco lo tenían aquéllos que simpatizaban con los alzados hasta que se entregaran las armas. Por esta razón, era necesario restringir la cobertura de los eventos para evitar que las imágenes de los armados adquieran demasiado protagonismo apareciendo en televisión porque con ello se hubiera fortalecido su posición. En otras palabras, aunque discrepo con los periodistas oficialistas, los cuales con una enorme mediocridad se limitaron a entrevistar a funcionarios de gobierno o lanzar consignas de carácter político, era urgente restringir el acceso a los medios de comunicación para contrarrestar a quienes ilegítimamente e ilegalmente estaban haciendo uso de las armas. Su presencia en los medios solo ponía más leña al fuego y, especialmente, ponía en peligro de muerte al presidente y a la población civil que se manifestaba en contra de los armados.

A modo de conclusión, creo que en este caso se debe analizar el uso de las armas y el derecho a la libertad expresión conjuntamente. Así los medios privados hubieran querido mostrar responsablemente otros puntos de vista de la insurrección, no se podía permitir una sobreexposición de los alzados en armas porque estaban haciendo un uso ilegítimo de las armas públicas y, especialmente, porque ponían en riesgo la vida de quienes no estaban armados. De lo contrario, las cosas podían caotizarse más y terminar en una matanza generalizada.

El cinismo a la orden del día

Lucrecia Maldonado

En uno de sus libros, la escritora chilena Isabel Allende relata la historia de un anciano (no recuerdo bien si era su propio abuelo), que aconsejaba a su nieta lo siguiente: “Si te pillan en la cama, desnuda junto a tu amante, niégalo todo hasta el último momento”.

Algo parecido es lo que estamos presenciando en estos instantes, a pocos días de la asonada del último 30 de septiembre. No hubo secuestro, dicen, el Presidente podía salir del hospital cuando él lo quisiera. Era apenas un reclamo de tipo laboral, salarial. Lo que pasa es que la gente no se pudo enterar porque solo había un canal de televisión.

Matan tantos pájaros de un solo tiro que recuerdan a la pesca con dinamita: Correa es un mentiroso, no hay tal alza de sueldo a los policías y además atropella la libertad de expresión (en el estado de excepción). Pero lo más triste de todo es que haya quien les crea, como si nunca hubieran traicionado a nadie. Lo más triste de todo es que los medios se hagan eco de esto a sabiendas de que es mentira. No sorprende, claro. Qué va a sorprender. Pero sí duele.

Es una suerte que haya habido miles de personas en la avenida Mariana de Jesús, dispuestas a defender con su vida (como en efecto pasó) la integridad de su Presidente y del proyecto que representa. Ellos pueden contar sus historias, como ya lo ha hecho, por ejemplo, Fernando Ehlers en un estremecedor especial de “La Televisión”, en donde lo único que se le puede reprochar es que haya puesto en riesgo su vida para mostrarnos las cosas tal como fueron.

Es una suerte (e incluso es bastante loable) que en un medio tan de oposición como El Comercio se esté difundiendo un video en donde se ponen en evidencia las verdaderas intenciones de los policías levantados en armas. Matar a Correa.

Sin embargo, y aunque ya deberíamos estar acostumbrados, no deja de sorprender de un modo indignante el cinismo con que ciertos inolvidables (desafortunadamente) personajes de nuestro país se han referido a estos hechos.

Carlos Vera, por ejemplo, ha hablado de la actitud “decente” de la policía nacional, y no se refería precisamente al GOE o al GIR. Eran decentes los que pocas horas después baleaban con fe y alegría a aquellos a quienes jamás logran proteger en otro tipo de circunstancias. Tal vez lo que Vera entiende por ‘decencia’ coincida en su diccionario personal con lo que otros entendemos sencillamente como ‘crimen’. Gutiérrez, traicionado por su subconsciente, afirmaba para el famoso periódico brasileño O Globo que cuando desaparezca Correa se terminará el socialismo en la región. Y luego se rasgaba las vestiduras diciendo que él no tiene nada qué ver en nada. Que era un reclamo porque les habían bajado el sueldo. Es increíble cómo una persona que no sabe distinguir lo que es bajar el sueldo de subir el sueldo sea capaz de un cinismo tan refinado.

Igual que el marido (o la esposa) que abre la puerta y encuentra a su pareja en arrumacos con otra o con otro, con la misma vestimenta con que su madre los parió, un buen grupo de ecuatorianos nos quedamos boquiabiertos, indignados, consternados y rabiosos (como diría Mario Benedetti), cuando todos ellos, y sus adláteres, muy sueltos de huesos, siguen afirmando que aquí nunca pasó lo que todos sabemos que ocurrió.

Ese 30 de septiembre pandillero

Mauro Cerbino

De lo ocurrido el 30 de septiembre pasado se pueden hacer tres reflexiones. La primera tiene que ver con la estructura policial y en general con el papel que juegan las fuerzas publicas incluyendo a los militares. La segunda, tiene relación con la acción de gobierno y el respaldo político que tiene. Y la tercera tiene que ver con el papel de los medios de comunicación.

Primera reflexión

La insubordinación policial ha sido un hecho gravísimo aunque se inscribe en una cierta normalidad si la pensamos en términos de estructura de funcionamiento de la policía. Que esta mantiene un modo de actuación permanentemente en conflicto con la ley no es, desde ningún punto de vista, una novedad. De abusos policiales esta plagada la historia de nuestro país. Pienso que lo ocurrido el jueves pasado hay que leerlo a la luz de esta condición estructural. El ministro Jalhk, interpretando tardíamente lo que debía ser una exigencia gubernamental de reestructuración profunda de la institución policial, es probable que haya empezado a echar a andar algunas reformas necesarias en este sentido, para profesionalizar la institución, sobre todo para racionalizar la prevención y el uso de la fuerza en el pleno respeto de los derechos humanos, por medio de cursos de formación. Se trata de rever los procedimientos empleados hasta ahora por la fuerza policial. Estos intentos han producido un evidente malestar entre los policías. Un malestar que se hace patente cuando escuchamos (en uno de los tantos reportajes) las afirmaciones de un policía en las que se lamenta de como en la actualidad esos nuevos procedimientos que se deberían en el respeto de los derechos de los presuntos infractores harían por lo contrario inviable su trabajo. Existe así una resistencia a perder estos pequeños espacios de poder que han hecho posible que a veces se haya vulnerado la dignidad y la vida de los ciudadanos. Entonces la sublevación se produce no solo por defender una condición de excepción con respecto a otros servidores públicos en términos de prebendas económicas, sino que lo que esta en juego es que esa condición de excepción se aplique también en relación a la ley permitiendo que la fuerza policial (y también la militar) se ubique por encima de la ley. Por ello me atrevo a hablar de "pandillas de los policías": el modo de actuación en ese día y en muchos otros no difiere del modo como grupos de "pandilleros" actúan, con la diferencia que los policías lo hacen supuestamente amparados por la ley. En el tratamiento de estos asuntos y no solamente como es obvio en sancionar a los responsables (para quienes de ninguna manera cabe amnistía) reside el mayor desafío para construir el después de este gravísimo acontecimiento. Tal vez habrá que considerar que policía y fuerzas armadas pero sobretodo la primera se desmilitarice y se convierta en una instancia civil con derecho a constituir un sindicato capaz de operativizar demandas y necesidades y canalizar adecuadamente los conflictos.

Segunda reflexión

De lo ocurrido se puede decir sin duda que la imagen del presidente Corra sale fortalecida tanto internamente al país como en el exterior. En una sociedad acostumbrada a asistir a escenas de despliegue de masculinidad, de enfrentamientos testosteronicos y de oposiciones entre valientes y cobardes, el presidente sale bien parado. Ademas supo encarnar hábilmente el representante de la democracia, fortaleciendo de este modo su figura hiperpresidencialista. No estoy seguro si el resto del gobierno así como la asamblea sale también fortalecida. Pienso que no. El primero se mostró incapaz de entender lo que se venia para poder prevenirlo de algún modo. La segunda no supo socializar y comunicar oportunamente los contenidos de las nuevas leyes que se aprueban con vetos presidenciales, algo que dudo cambiara en el futuro. Entonces la que sale debilitada es la política en su conjunto. Ademas por otra razón de peso. La reacción ciudadana a lo ocurrido se mostró débil y sobre todo desorganizada. Es el signo de que no obstante la gran mayoría de la que goza el gobierno en momentos como los que se han suscitado no sabe como organizarse para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Esta incapacidad ha dado paso a que una vez mas sean los militares los que se yergan a defensores de la democracia permitiendo que haya un desenlace a una situación de fragilidad institucional y política. Para Alianza Pais queda la enorme tarea de acrecentar sus bases y de construir condiciones de acción política orgánica, de modo a que la "revolución ciudadana" sea asumida por amplios sectores de la población y no identificada por una sola persona.

Tercera reflexión

Los medios privados han tratado el asunto como una crisis política al igual que algunos exponentes de la oposición de derecha. Si bien han rechazado lo actuado por los miembros policiales ha prevalecido la tesis según la cual el presidente Correa habría sido el que ha provocado la crisis. Por su carácter y manera de ser confrontativo se lo hace responsable. Es un discurso perverso que relaciona cosas que deberían mantenerse separadas. Por una lado la impertinencia de que sea un presidente que vaya a tratar de resolver una cuestión como la que se produjo (esta claro que debía actuar el ministro del interior) y por el otro la sublevación y la ruptura de la cadena de mando. Esta - como ya he señalado - se produce sin que haya causas externas a la institución policial por argumentar. De tal modo que tristemente observamos como los medios privados siguen haciendo gala de lo que no debería ser su cometido: ser opositores al régimen. No importa que lo hagan actuando ellos también a la manera de una pandilla. Ademas la queja que han expresado de que la declaración del estado excepción les habría coartado la libertad de expresión resulta cuanto menos hipócrita si se tiene en cuenta que en las primeras horas de la mañana cuando se empezaron a dar los hechos algunos de esos medios decidieron autosilenciarse. Teleamazonas y Ecuavisa por ejemplo pasaban telenovelas, aunque luego nos pudimos dar cuenta que si tenían imágenes. ¿Optaron por establecer un compás de espera hasta observar que iba a suceder? Es muy probable si volvemos la mirada a nuestra historia reciente y recordamos cual ha sido la actitud de los medios en anteriores derrocamientos: la apuesta al más fuerte y el reacomodo una vez definida la nueva situación. Ciertamente la apuesta de los medios no es con la defensa de la democracia, es el pegoteo con los poderosos.

Dando y dando

Santiago Rosero

Los gabinetes itinerantes que este gobierno desarrolla representan el propósito de descentralizar la comunicación política de los medios tradicionales como alternativa a la lógica de procesamiento industrial de la información. Que eso en ocasiones haya derivado en populismo y propaganda es cierto, pero también es cierto que existe un interés por habilitar otros canales de transmisión (lo que en las circunstancias actuales equivale más a confrontación que a diálogo) porque los ecos que reproducen varios medios privados y las campañas de desinformación montadas por grupos de oposición, han sido capaces de distorsionar a su conveniencia el panorama de los acontecimientos desde que el Ecuador nació como República. Los talleres de socialización sobre los articulados de las distintas leyes que hoy se debaten (o se entorpecen) en la Asamblea Nacional, y que se ejecutaron a partir de la Constituyente de Montecristi, son otro ejemplo. En ambos casos, las derivaciones y eficiencia en los resultados obtenidos son, de por sí, harina para otra masa. Una masa a la que, para la discusión acotada al tema, se le podría sumar el papel que juega el conglomerado de los medios que regula el Gobierno frente al conjunto de medios privados que, a pesar de los primeros, aún se instala con más ingerencia en la opinión pública.

El propósito de tal apuesta no apuntó solamente a la apertura de espacios en términos de infraestructura, sino a considerar a la comunicación como un asunto posible en el terreno del cara a cara entre autoridades y comunidad; de la interacción comunicativa personal -en el mejor de los casos buscando el diálogo y en el peor comunicando lo ya decidido y afrontando las consecuencias de la falta de socialización de los procesos-. En definitiva, se procuró crear una plataforma jamás antes planteada por ningún gobierno para acortar la brecha entre emisores y receptores, y para evitar las fases que procesan la información hasta que la vuelven noticia con un entreverado a placer de por ahí más pimienta y por allá más anilina.

Quiero pensar que la decisión de Correa de presentarse en el Regimiento Quito para intentar explicar los alcances de la nueva Ley de Servicio Público se debió, en parte, a que consideró posible el manejo de esta forma de ejercer la comunicación política aún en un escenario de disconformidad (ahora sabemos que para el momento de su llegada era más rebelión y candela, y que para detectarlo a tiempo no hubo Inteligencia competente que funcionara). Por lo demás, lo hizo porque le embriagó, de nuevo, la omnipotencia de la que se cree revestido.

Mirando con la primera perspectiva se puede reconocer el apego a una forma legítima de ejercer la política en términos de comunicación, y si miramos con la segunda reconoceremos imprudencia, desatino y hasta provocación. Ambas pueden ser ciertas, y ninguna, para el caso, resultó sabia ni oportuna; pero tampoco ninguna alcanza para determinar que lo ocurrido fue el resultado de un montaje y que por lo tanto ahora debemos estar hablando de un autosecuestro y un autoatentado. Argumentar que lo es porque Correa fue a meterse a propósito en la boca del lobo es tan poca cosa como lo es que porque entre la gente que estuvo en el Regimiento Quito andaba Fidel Araujo ya se puede hablar de la mano oscura de Sociedad Patriótica maquinando el magnicidio. La mano oscura de Sociedad Patriótica puede levantar sospechas porque su accionar político responde a una lógica revanchista y ruin, pero ni Fidel Araujo hablando por celular ni el coreado “eso fue de Lucio, eso fue de Lucio” son suficientes para comprobar nada. Al menos no todavía. Para lograrlo, de ser el caso, están las investigaciones que ya han empezado.

Sea por confiar desmedidamente en la capacidad de su retórica o por bravucón que el Presidente se plantó en medio del motín policial, nada justifica y menos legitima la violencia con la que los miembros de la Policía insurrectos hicieron avanzar el suceso hasta la desgracia que hoy todos lamentamos. Esto, que dicho ahora parece una perogrullada, debería servir para superar el si Correa lo provocó o no o el si lo hizo poco o mucho, y para avanzar en la necesidad de indagar en lo que hizo posible que se llegara a tal extremo y en los móviles furtivos que a unos cuantos cientos de policías les hicieron desprenderse de todo principio institucional y de todo valor humano. De eso no queda duda, los ojos desbordados de odio que apenas se alcanzaban a ver por entre sus máscaras improvisadas con camisetas mostraban que lo suyo sobrepasaba un malestar gremial que buscaba reivindicaciones, y que ya se había desviado hacia un sinsentido que empezaba a rayar en la masacre. El ataque a una ambulancia con socorristas y gente herida no soporta el más mínimo titubeo.

http://www.infobae.com

Tras el saldo, muchos miembros de esa jerarquía policial que por alguna razón no participaron de la revuelta (francos, enfermos, en viajes) tampoco la apoyaron. Varios de los que sí lo hicieron hoy dicen estar arrepentidos y otros tantos reconocen que fueron “lavados el cerebro” y “engañados”. Poco de esto se ha dicho a través de los medios. Esto circula por los pasillos de las entidades policiales compungidas y ha reflotado por testimonios a baja voz de algún policía conocido.

Una pregunta que parece clave es quiénes fueron y como se elaboró ese sistemático lavado de cerebro que en un momento de su descontrol, como queda demostrado por las grabaciones de audio hoy públicas, apuntó a asesinar al Presidente. La tesis del golpe de Estado aparece débil cuando se reconoce que era imposible que los policías insurrectos lograran respaldo ciudadano para lograrlo, pero si se considera, como también suena, que una importante facción militar estaba encaminada hacia lo mismo, la tesis ya no parece tan descabellada. Pero cuando nada se dio como se esperaba, cuando unas piezas del tablero se cayeron y otras cobraron dimensiones impensadas, se vino el fatal desenlace cuyas cifras siguen en aumento. Y se generó, in extremis, por no decir que se puso en desarrollo un libreto preparado, lo que casi resulta en un magnicidio.

Sobre esto y sobre tanto más, por ahora, las dudas y las especulaciones, pero sobre otras aristas las urgencias y las reflexiones profundas. Es indispensable indagar en lo concreto, en los autores intelectuales y materiales de las campañas de desinformación interna de las cuales pasquines, carteles impresos a medida y testimonios aislados son prueba; pero con igual resolución es urgente ahondar en lo simbólico y reglamentario que guía la labor de las instituciones de la fuerza pública. ¿Cuál es el papel de la Policía en la sociedad contemporánea?, ¿qué se quiere de ella y qué se le debe exigir?, ¿hacia dónde se dirigen las políticas que intentan enderezarla y reforzarla (en cuanto a equipamiento y aptitudes profesionales)?, ¿cuál es el papel que la sociedad civil ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones?, ¿se trata de armar más a la Policía, de que “cada uno tenga su pistola”, o se trata más de educar y preparar intelectualmente a sus miembros, de hacer que cobren legitimidad y autoridad social más por su labor de servicio y control del orden que por la imposición de la fuerza -bruta-?, ¿es de temer una versión distorsionada y quizás más siniestra de la Doctrina de la Seguridad Nacional que gobernó en clave antidemocrática y lesiva para los Derechos Humanos las políticas de seguridad de la mayor parte de naciones latinoamericanas durante la época de la Guerra Fría, y que entre su ejes de acción incluía la penetración e infiltración de organizaciones sociales, la vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, el allanamiento ilegal de sedes, el robo de bases de información y más argucias de persecución y represión que, en su programa original, aparentemente buscaban la protección y defensa del Estado?, ¿es de pensar que algunos postulados de ésta han alcanzado alguna forma de conversión en el sistema de Seguridad Ciudadana, que en teoría se preocupa por la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros?, ¿se ha enredado todo, se han podrido las alianzas y el orden que demarca la Constitución como resultado de la intransigencia del Ejecutivo y de la corrupción e ignorancia de ciertas bases de las fuerzas del orden?

Las preguntas caben para todas las piezas de este tablero en llamas. Las punzadas son para el gobierno, que diseña las políticas públicas; para la sociedad civil, que de distintas formas las aprueba, las comparte y las consume, y, con vergüenza y paradoja, para las instituciones del orden, que resultan protagonistas de este amargo capítulo de nunca olvidar.

Por supuesto, ninguna respuesta será posible si esta tragedia para la vida y la democracia (que bastante maltrecha está) no encuentra de parte del Ejecutivo apertura para el diálogo; si no se la toma, siendo como ha sido, el día más triste de su vida, como una lección definitiva y una oportunidad impostergable para aflojar las amarras que le hacen creer poseedor de las verdades únicas.

Esto no significa, de ninguna manera, que se deba pasar por alto las sanciones para quienes se las merezcan, aunque eso pueda generar otras fracturas. En un sistema resquebrajado suelen ser frecuentes la una de cal y la otra de arena.

La otra verdad: El caso de María Alejandra Cevallos

Silvia Buendía

El día jueves en la noche desde la señal de ECTV presencié como un grupo de gente entraba a ese canal rompiendo puertas y gritando consignas contra Rafael Correa. No me extrañó distinguir entre la turba a Pablo Guerrero, ex abogado de Lucio Gutiérrez. Si me sorprendió ver en este grupo a la Dra. María Graciela Crespo, directora universitaria relacionada al Opus Dei; quien estuvo en meses pasados conmigo en el programa Así Somos hablando sobre la eutanasia. En esa ocasión me pareció una mujer tremendamente pacífica, profundamente cristiana, quien argumentó contra la eutanasia desde el principio de que la vida es sagrada. ¿Qué hacía esta señora entrando a la fuerza y rompiendo vidrios? ¿Qué goma pega a una opusdeiana académica con un gutierrista abogado?

María Alejandra Cevallos, estudiante universitaria de derecho, fue escogida entre el grupo de manifestantes para tomar la palabra ante las cámaras. Ella dijo que necesitaba que el país se enterara de la otra verdad. Aquella que sucedía en la Ave. de los Shyris donde un numeroso grupo de personas se había auto convocado para manifestarse contra la forma de gobernar de Rafael Correa.

Diario El Universo publicó el domingo 3 de Octubre en su página 9 de la primera sección una entrevista que le hace Santiago Molina a María Alejandra Cevallos. La entrevista parece diseñada para justificar los motivos que llevó a Cevallos y compañía a ingresar a la fuerza a ECTV. Se hace una apología de esta joven. Mujer valiente, estudiante de derecho, quien no pertenece a ningún movimiento ni grupo político y arriesgó su integridad física para intentar que el medio público informara a la gente con la otra verdad. Cevallos justificó haber tumbado la puerta porque la gente, dijo, “cuando está en movilización es un tanto iracunda”. Y porque no era justo que se desinformara a la nación y se acallara a los demás medios de comunicación.

¿Es esto periodismo? La entrevista que ese mismo domingo en la segunda sección Cecilia Robalino le hizo a Carlos Villagrán “Kiko” fue mucho más crítica y cuestionadora que ésta de Santiago Molina a María Alejandra Cevallos. Nunca se le preguntó a Cevallos, ¿cómo así una estudiante del cuarto año de derecho desconocía que el art. 164 y siguientes de la Constitución del Ecuador regula los estados de excepción? La censura previa a los medios de comunicación está contenida en este articulado. Puede ser que a Cevallos no le pareciera justa, pero en efecto la medida era legal y constitucional. ¿Cevallos no sabía que esta censura estaba basada en un decreto de excepción? ¿Por qué era tan importante que la gente supiera que había personas que durante los hechos del jueves salieron a la calle a gritar consignas contra el régimen? ¿Esto justifica la violencia? ¿No podría esta incursión en ECTV haber agravado la situación existente? ¿No sería que justamente se intentaba, a través de esta cadena de medios de comunicación, evitar que más gente como Cevallos, Crespo o Guerrero salieran a romper ventanas y puertas para manifestar su opinión? ¿Esta otra verdad que quería difundir Cevallos le hacía bien al país? ¿De qué manera? Cevallos dijo que no representaba a ningún movimiento o grupo político y Santiago Molina se quedó tan pancho. ¿Por qué Molina no indagó más sobre Cevallos? ¿No se le ocurrió que de pronto esta joven era la misma María Alejandra Cevallos que es asambleísta alterna de Nicolás Lapentti en la Asamblea Nacional? Hay alguien que se llama exactamente como Cevallos y que es hasta idéntica a Cevallos según la foto que sale en el internet, juzguen ustedes mismos: http://www.flickr.com/photos/asambleanacional/4690186269/ ¿Se trata acaso de un homónimo? ¿Por qué Molina no le preguntó cuál era su relación con la campaña para recolectar firmas que lleva a cabo Carlos Vera para revocar el mandato de Rafael Correa? ¿Por qué una de las voceras de esta iniciativa de revocatoria tiene los mismos nombres y apellidos de Cevallos? ¿Es otro homónimo?

Y no es que tenga nada de malo que esta joven mujer haga política, pero ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no se preocupan los periodistas de este diario en verificar la información que obtienen? ¿Por qué solo cuestionan al entrevistado cuando pertenece al oficialismo?¿Por qué no se hizo mención al decreto que estableció el estado de excepción? ¿Por qué en lugar de decir “la otra verdad”, mejor no se dice toda la verdad? Y por qué un diario que con razón señala el tono partidista a que a favor de Correa tomó ECTV durante la cadena, incurre en lo mismo con quienes están contra Correa. La entrevista a Cevallos es impresentable propaganda anti gobierno con gravísimas falencias periodísticas.

Estado de excepción y diversidad informativa

Gustavo Abad

Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.

Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.

Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?

La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.

Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.

Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.

De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.

Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.

A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.