En las últimas semanas, hemos visto repetirse incesantemente varias imágenes de jóvenes colgados por los brazos o de otros amarrados y siendo ortigados, imágenes utlizadas por varios medios como pruebas de los abusos y deficiencias de la justicia indígena. También hemos conocido que la comunidad de La Cocha sentenció a un joven a muerte porque este último habría asesinado a otro. Como público o lectores, con razón, nos indignamos y entendemos que no se pueden cometer semejantes abusos en contra de los derechos humanos. Sin embargo, propongo dejar a un lado nuestras emociones inmediatas, no caer en descalificaciones apresuadas y analizar las cosas con cabeza fría.
En primer lugar, es bueno que entendamos que la prioridad de cualquier forma de Derecho es defender o cuando menos no atentar contra los derechos humanos. Aquí tenemos un principio universal que debe guiar tanto las prácticas locales como las nacionales. En buena hora lo visto nos ha llevado a discutir el problema de la pena de muerte, cuyos defensores a ultranza a mi modo de ver serían los primeros derrotados. La Constitución ecuatoriana no reconoce esta pena, y hace bien, por ende las comunidades indígenas tampoco están autorizadas para aplicarla.
Segundo, si la defensa de los derechos humanos implica evitar estigmatizar a las personas por su género, raza, clase social, nivel de educación, orientación religiosa o sexual, etc., mal haríamos en utilizar el caso de La Cocha para revivir los prejuicios en contra de los indígenas como “personas atrasadas” o “incivilizadas”; pues esto en último caso significa reforzar la discriminación aún vigente en la cotidianidad ecuatoriana. Pensar y repensar el problema de la justicia indígena no nos debe llevar a descalificarla a partir de prejuicios sin que se lleve a cabo un debate profundo sobre el tema, sino más bien encontrar sus aportes al mismo tiempo que sus debilidades. El objetivo no debería ser erradicar la justicia indígena porque si fuera así privamos de voz a una parte imparte de ecuatorianos, sino mejorar sus formas de aplicación de esta justicia para sea compatible con los derechos humanos y se eviten excesos.
(iptimes.com)
Tercero, si cuestionamos los hechos de La Cocha como un atentado contra los derechos humanos ¿qué nos hace suponer que la justicia ordinaria los repesta? Me gustaría preguntar qué es más inhumano: el castigo corporal de las imágenes o el encierro en prisiones en donde el hacinamiento y la violencia extrema son la regla. En nuestro correcto anhelo por defender los derechos humanos, no debemos suponer superficialmente que la justicia ordinaria cumple mejor con la defensa de estos derechos que la indígena. Si nos escandalizamos por las imágenes de La Cocha, me parece deberíamos espeluznar por las que podríamos sacar de las prisiones del país.
Por último, este es un tema de vital importancia para nuestra sociedad, por esta razón debemos evitar mezclar unos asuntos con otros. De lo contrario, apoyaríamos consignas demagógicas que se aprovechan irresponsablemente de la conyuntura. Mal haríamos en utilizar el caso de La Cocha si el verdadero objetivo es cuestionar otros planteaminetos de los indígenas como por ejemplo manejo del agua o la cuetión minera.
Si se argumenta superficialmente que los supuestos abusos de La Cocha son suficientes para descalificar la aplicación de la justicia; por el otro lado, tenemos un sin número de abusos del Estado que nos obligarían a despachar la justicia ordinaria como por ejemplo los juicios controvertidos a personas acusadas de narcotraficantes, el caso de Natalia Emme, la distorsión del espíritu de la ley que según el presidente hizo su hermano, etc. Es evidente que todos estos casos polémicos no son suficientes para proponer la desparición del Derecho o de la Constitución ecuatoriana. Asimismo, me parece que las imágenes de La Cocha, no son suficientes para demagógicamente anular la aplicación de la justicia indígena.
A modo de conclusión, me parece que lo más provechoso del debate es que hemos aceptado los derechos humanos como la base tanto de la justicia indígena como de la ordinaria. Por tanto, no sólo debemos preguntar si la comunidad de La Cocha los respeta, sino también si la justicia ordinaria lo hace porque es claro que la experiencia de varios de los presos ecuatorianos desmiente este supuesto. Asimismo, este caso bajo ningún aspecto puede servir para encontrar nuevos chivos expiatorios contra quienes dirigir nuestra indignación porque si así fuera lo que menos nos preocuparía serían los derechos humanos, sino que estaríamos utilizando a las imagenes de La Cocha como una excusa para llevar a cabo e imponer agendas políticas ocultas.
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