Organizaciones

Pablo Ospina Peralta

De las tres organizaciones sociales más grandes del Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana solo mantiene buenas relaciones con la Federación de Choferes. Respecto a las otras dos, la Unión Nacional de Educadores y la CONAIE, la actitud del gobierno se ha ido deslizando paulatinamente desde una cómoda distancia política hasta la vigente cruzada destinada a romperlas, debilitarlas y desarticularlas. El expediente para hacerlo es muy conocido, bastante similar al de cualquier gobierno: se aduce que sus dirigencias no representan a sus bases, por lo que hay que trabajar directamente con esos auténticos huérfanos, damnificados de sus organizaciones.

(collasuyu.indymedia.org)

Llamo la atención sobre otro detalle de las relaciones políticas del gobierno con las organizaciones. Entre las organizaciones agrarias más grandes, también le resulta más fácil trabajar con la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE que con la CONAIE o la propia FENOCIN. No es raro, si uno lo piensa detenidamente. No se conoce gobierno alguno con el cual esta organización no haya llegado a acuerdos políticos. Fuera de estos casos, las principales relaciones del gobierno, cuando son más o menos orgánicas, ocurren con organizaciones más pequeñas, locales, con vínculos intermitentes con federaciones nacionales o regionales.

FEINE y Federación de Choferes. Es difícil encontrar ejemplos más paradigmáticos de organizaciones estrechamente particularistas, volcadas a demandas puramente gremiales o corporativas. La principal acusación del gobierno a las organizaciones con las que se enfrenta, la de defender intereses particulares, es perfectamente aplicable a aquellas con las que mejor se entiende. Mientras más grande es una organización, más posibilidades existen de que tenga una agenda política explícita más general que convive con la agenda gremial particular. Pero en algunos casos, como los choferes, la agenda nunca ha rebasado los temas de tarifas, sanciones y exenciones tributarias. Ha huido con éxito de todo peligro de decir algo sobre un amago de política vial, ambiental o de movilidad.

La conclusión es obvia. El gobierno tiene más dificultades de relación precisamente con las organizaciones más grandes que tienen, al mismo tiempo, una agenda política más definida y más amplia. No con las más particularistas, sino con las más politizadas. Las que han rebasado el más estrecho corporativismo y han desarrollado una agenda propia, independiente. El mayor problema del gobierno no es con el particularismo de las demandas populares, característica frecuente y difundida en el país, sino con aquellas que han pugnado con más o menos éxito, por superarlo. El problema de fondo no es el corporativismo estrecho sino la total ausencia de llevar a cabo una negociación propiamente política. Eso se percibe perfectamente en sus traspiés legislativos: es solo la expresión de una incapacidad de negociar políticamente con potenciales aliados que tienen su propia visión respecto a un proyecto político de transformación del país.

Este gobierno, como todo gobierno del pasado, puede y prefiere relacionarse directamente con “las bases” para ofrecer soluciones individuales, familiares o locales, sin tener la obligación de negociar el sentido de las intervenciones con organizaciones grandes y poderosas. En lugar de combatir el particularismo, lo apuntala. El pasado se traslada al futuro por las acciones del presente. Estamos lejos de otra política.