Reforma agraria

Pablo Ospina Peralta

En 1994 se declaró superada la reforma agraria en el Ecuador. El descubrimiento criollo de los valores insondables de la desigualdad se afirmaban justo cuando las investigaciones sobre el “milagro asiático” en Corea del Sur, Taiwan o China, develaban que entre los secretos mejor guardados de la poción oriental para el “desarrollo” estaba precisamente la distribución equitativa de tierras y aguas. Los sepultureros de la reforma agraria cabalgaban montados sobre el discurso de la nostalgia por la supuesta pérdida de las capacidades productivas de haciendas que eran el “granero” del país, en manos de quienes no sabían hacerlas producir. En sus versiones más demenciales llegaron incluso a escribir sin la menor vergüenza, sin que les subiera un grado el rubor en las mejillas, que los indígenas eran los nuevos terratenientes del país.

(foto: Sebastiao Salgado)

Hay que reconocer que el gobierno ciudadano no tiene en el tema de tierras el mismo discurso de los ideólogos de Durán Ballén, aun cuando se apresure a liberar de toda culpa y bañar de inocencia al mejor de sus representantes, Alberto Dahik. Alianza País ha dicho, luego de tres años de silencio, que hay injusticia en la distribución de tierras en el Ecuador. Su propuesta de solución al acertijo de la desigualdad agraria consiste en repartir dos millones de hectáreas de “tierras improductivas” a los campesinos necesitados. Esa “solución” es un buen ejemplo de las limitaciones de nuestra revolución. Hay un avance respecto a Durán Ballén, pero estamos muy lejos del socialismo ¿Dónde encontrar estas dos millones de hectáreas? ¿Dónde hay tantas tierras improductivas?

La verdad es que no existen tales tierras, salvo en las laderas de las montañas, en los páramos y en los bosques. Las estadísticas revelan que entre la superficie agropecuaria actualmente en uso existen unas tres millones y medio de hectáreas de “bosques y montes” y otras dos millones de “pastos naturales” y páramos. Tal vez exista otro tanto fuera de las tierras en uso agropecuario pero eso significaría ocupar más tierras inaptas para la agricultura. La “solución” ciudadana es muy parecida a la que ofreció la reforma agraria de los años 1970: entregó en colonización 5 millones de hectáreas de bosques en las laderas de la cordillera o en la amazonía. Entregar a los campesinos las peores tierras y dejar a los grandes empresarios las mejores, las tierras planas, las que cuentan con riego, con caminos, con electricidad e infraestructura productiva.

La otra gran “solución” prevista por el gobierno, la compra de tierras mediante créditos otorgados a campesinos, tiene el mismo problema. El Ecuador tuvo una de las experiencias más exitosas de crédito de tierras del mundo: la que dirigió el FEPP desde 1991 y que permitió comprar casi un millón de hectáreas para los campesinos. ¿Cuál es el problema? Sencillamente que los campesinos no pueden costear, incluso con créditos, la compra de las mejores tierras. Solo pueden comprar tierras marginales, de laderas, sin infraestructura, alejadas de los centros de mercado. Es, por lo tanto, un buen mecanismo para reducir el conflicto agrario pero no soluciona la desigualdad.

En una palabra, no se puede resolver la desigualdad en el agro sin afectar las tierras productivas, es decir, sin poner un límite al tamaño de los predios y sin declarar expropiables las grandes propiedades que no cumplan ciertos requisitos sociales y ambientales. Pero eso no es reducir el conflicto sino atizarlo. Pero el gobierno no está dispuesto a hacerlo porque para ello necesita una alianza con los únicos que pueden sostener un proyecto de transformación agraria verdadera: las organizaciones campesinas e indígenas.